1.-Armonización de competencias entre Administraciones públicas. No se concibe que la comarca, la ciudad, la mancomunidad, la provincia, la comunidad autónoma, la administración central del Estado solapen y dupliquen competencias; bueno, sí se concibe (se necesitan muchos puestos para muchos pesebreros), pero es inmoral e inviable. Una función por ente. Y si hay entes vacíos o vaciados, desaparición.
2.- Eficiencia de todo tipo de actividad pública, incluidas las sanitarias, sociales y educativas. Los grandes números del moderno Estado de Bienestar devienen (o deberían devenir) precisamente de estos tres ámbitos, peliagudos como pocos. No seré el recortador sin más de derechos combatidos y ganados metro a metro, mes a mes. Pero, si queremos mantenerlos queridos y admirados debemos mimarlos. Y mimar significa valorar. Y valorar, pedir cuentas y fiscalizar. No es viable que se gaste como si el dinero no fuese de nadie, incluso en campos educativos, sociales o sanitarios. Los excesos sanitarios se ajustarían con un pago simbólico por consultas y recetas (uno o dos euros), disminuyendo la asistencia de hasta ¡¡¡cuatro veces más!!! en España que en países del entorno. También con los ajustes de envases, dosis exactas y genéricos, empezado pero no completado, se daría un espaldarazo hacia un sistema más racional. Por último, los intereses comerciales de las grandes industrias farmaceúticas debería ser erradicado cuando se relacionen con la Administración; recuerdo la anécdota (por suceso, no minusvalorándola) de aquel cirujano que sorprendía a sus colegas estadounidenses cuando explicaba que, a la hora de colocar prótesis, no se le ponían cortapisas entre la más cara del mercado, titanio incluido, y otra de igual funcionalidad pero más económica, que era la que colocaban éstos.
¡Qué decir de la vigilancia de los gastos sociales! Abuso muy reiterado, también mitificado, pero que conlleva a un desapego de la gente necesitada (parados, jubilados, excluidos, menores) realmente.
La educación pública. Quien me conozca sabrá la importancia capital que para mí tiene la Educación. La valoración del profesorado, sin demagogias ni corporativismos, y la implantación de métodos coherentes, con profundas reformas legales consensuadas por todos los partidos e interesados, es primordial si esperamos en veinte años (no antes; pero, si no empezamos ya, llegará después) frutos. Reitero en el adjetivo: pública; el que desee y se pueda pagar cualquier otra es libre, pero sin esperar subvención o ayuda alguna.
3-. Reforma y fiscalización tributaria. Renta de las personas físicas, Sociedades y Valor Añadido; el resto de tributos, directos o indirectos, bien por su poco ingreso absoluto o por su inmediata temporalidad no son importantes. Tengo la impresión, seguramente falsa, que los que contribuyen totalmente a la renta de las personas son los asalariados (nómina, cuentas). Tengo la impresión de que no existe en España la Educación (ya sale otra vez) para que empresarios o autónomos que tributan por Renta tengan conciencia de la importancia ética de su aportación; unido a la carencia moral de que los consumidores hacen gala (¿con I.V.A. o sin I.V.A.?), el problema es peliagudo. Y es ahí donde la legalidad, justa y armonizada, y la fiscalización, somera y precisa, toman importancia capital. Lo de las grandes empresas, ésas tributando por Sociedades a un porcentaje menor que ciertos profesionales... Si lo hiciesen es porque darían intangibles al Estado, mayor estabilidad y calidad del trabajo, por ejemplo.
4-. Impulso de los poderes públicos a la concesión de créditos a particulares y emprendedores. Los Bancos y Cajas están arruinados. Y es así por su mala cabeza, falta de previsión y exceso de avaricia. Se ha proporcionado créditos blandos para su financiación, pero no para alimentar las necesidades de gasto de particulares o empresarios. Esto crea un tapón en el inicio del flujo económico. Y si hay que moderarlo debe ser desde el Estado. Él es, en sus diversas administraciones, quien debe impeler a las entidades a la apertura del crédito razonable, más que a la inmediata autofinanciación. Incluidos "bancos malos" y Banca pública.
5-. Austeridad de los poderes públicos. Quien pide un esfuerzo debe dar ejemplo. Los políticos españoles desconfían de sus administrados; por eso no les cuentan la verdad, como si fuesen, más que niños, imbéciles. Sueldos a dedo, retenciones mínimas, máxima jubilación controlados por auditores estatales; nada de autoconcesión. Se acabó el chocolate del loro y, con él, el conchaveo desde extremos en la primera sesión parlamentaria.
Cinco medidas económicas de aplicación desde el 21. Rápidas y eficaces para reducir el gasto público incontrolado y aumentar el flujo de efectivo.
¿Qué han hecho hasta ahora? Recorte de los derechos sociales sin contraprestación (los que llegaron a decir que dispararía la creación de empleos mintieron) y aumento de cotizaciones hasta los 67 años con un mínimo de 38 años (causará risas entre ese 40% de jóvenes españoles sin empleo).
Sólo detectan los problemas (paro, deuda privada y falta de competitividad), pero nunca dan (¿no saben? ¿no se atreven?) soluciones. Con el ahorro logrado, fomento de contrato de aprendizaje a jóvenes y parados, formándose en empleos que demanden realmente las empresas (para complementar el sueldo de formación de éstas y alcanzar una cifra competitiva). Soluciones consensuadas a los impagos de particulares y empresas (contraprestación a la inyección de dinero público), incluida la dación en pago, pero no sólo, con mediación administrativa efectiva en caso de desacuerdo. Compartimiento de tiempo de trabajo entre empleados y parados (rebaja de un 20% de empleo y 10% de sueldo de aquéllos a cambio de horarios adaptados a la vida privada del trabajador; inserción de éstos en el período liberado).
Salud
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